Una versión revisada de la política federal conocida como el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que evita la deportación de miles de inmigrantes traídos a los Estados Unidos siendo niños, ha sido nuevamente considerada ilegal por un juez federal que ya había emitido la misma decisión en el pasado.
El juez del Distrito de los Estados Unidos, Andrew Hanen, anunció en su fallo el miércoles que el 16 de julio de 2021, el tribunal anuló el programa DACA creado por el Memorando DACA de 2012, que prohibía a los Estados Unidos, sus departamentos, agencias, funcionarios, agentes y empleados otorgar nuevas solicitudes de DACA y administrar el programa.
La decisión de Hanen fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en ese entonces y, el miércoles, él mismo la reafirmó. “Ese programa está anulado, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tiene prohibido implementar la Regla Final DACA hasta que se emita una orden adicional del tribunal, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito o la Corte Suprema de los Estados Unidos”, escribió Hanen.
El juez también mencionó que los demandados pueden seguir administrando el programa a las personas que obtuvieron su estatus DACA inicial antes del 16 de julio de 2021, lo que puede incluir el procesamiento y la aprobación de solicitudes de renovación de DACA para esas personas. También dijo que el DHS puede seguir aceptando solicitudes iniciales, aunque “no puede aprobar ninguna”, y se le recomendó al departamento que publique un aviso público sobre la orden judicial en su sitio web y en los sitios web de todas las agencias relevantes involucradas en la administración o procesamiento de DACA.
“Una Sentencia Definitiva aún no se ha emitido en este caso, por lo que todos los asuntos que no sean abordados por un tribunal de apelación siguen pendientes en este tribunal y sujetos a su jurisdicción”, escribió Hanen.
Esta decisión llega más de un mes después de que los abogados que representan a los estados de Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi, todos estados que demandaron para poner fin al programa creado durante la era de Obama, junto con los abogados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los beneficiarios de DACA, se presentaran ante Hanen para debatir el asunto.
Hanen, en 2021, declaró que DACA era ilegal, argumentando que el programa no había sido sometido a los períodos de notificación pública y comentarios requeridos por la Ley de Procedimientos Administrativos Federales. También sostuvo que los nueve estados que buscaban detener DACA tenían legitimidad para presentar su demanda porque habían sido perjudicados por el programa.’
BIDEN BUSCA FORTALECER EL PROGRAMA DACA DE LA ERA OBAMA ANTE DESAFÍOS LEGALES
La Casa Blanca emitió la siguiente declaración el miércoles por la noche expresando su decepción por el fallo judicial.
“Estamos profundamente decepcionados por el fallo de hoy sobre DACA emitido por el Tribunal de Distrito del Sur de Texas. Desde el primer día de su administración, el presidente Biden emitió un memorando que instruía al gobierno federal a tomar todas las acciones apropiadas para ‘preservar y fortalecer’ la política DACA. En coherencia con esa directiva, la administración ha defendido la política DACA de los desafíos legales y emitió una regla final que codifica esta política de larga data. Durante esta administración, cientos de miles de beneficiarios de DACA han podido vivir y trabajar legalmente en nuestro país sin temor a la deportación.
“Como hemos sostenido durante mucho tiempo, no estamos de acuerdo con la conclusión del Tribunal de Distrito de que DACA es ilegal y continuaremos defendiendo esta política crucial de los desafíos legales. Mientras lo hacemos, en coherencia con la orden del tribunal, el DHS continuará procesando las renovaciones para los actuales beneficiarios de DACA y el DHS podrá seguir aceptando solicitudes de DACA”.
La Casa Blanca añadió que está “comprometida en proteger a todos los Soñadores” que han enriquecido comunidades y el país, y pedirá al Congreso que brinde una “protección permanente” a todos los que permanecen en Estados Unidos.
Los estados alegaron que incurren en cientos de millones de dólares en costos de atención médica, educación y otros gastos cuando se permite que los inmigrantes permanezcan en el país ilegalmente.
Si bien la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito respaldó el fallo de Hanen en 2022, la corte devolvió el caso al juez para revisar los cambios realizados en el programa por la administración Biden.
En documentos judiciales, Texas y los otros estados argumentaron que el programa actualizado es esencialmente igual que el memorando de 2012 que lo creó por primera vez y sigue siendo “ilegal e inconstitucional”. Los estados también argumentaron que la Casa Blanca excedió su autoridad al otorgar beneficios de inmigración que corresponden al Congreso decidir.
